Activistas piden restringir violencia en La Casa de Los Famosos, tras comentarios de Adrian Marcelo
Adrián Marcelo, conocido influencer y participante de “La Casa de los Famosos”, ha generado una intensa polémica en las últimas semanas debido a su comportamiento y declaraciones en el programa. Su presencia ha sido motivo de tendencia en redes sociales, donde sus acciones han despertado tanto críticas como debates.
El comportamiento de Adrián Marcelo ha sido fuertemente criticado por presuntamente normalizar la violencia y el acoso, además de minimizar temas tan delicados como la salud mental. Esta percepción ha llevado a que la asociación civil “A favor de lo mejor” exija sanciones contra la televisora encargada de transmitir el programa.
La asociación sostiene que el contenido difundido no puede ser considerado una “broma” y ha subrayado la necesidad de tomar medidas concretas para evitar la promoción de conductas que fomenten la violencia o la discriminación.
No obstante, la situación presenta un desafío adicional: el programa se emite a través de una plataforma de streaming y fuera del horario familiar, lo que complica la aplicación de ciertas regulaciones que se aplicarían a los contenidos televisivos tradicionales.
El rechazo hacia el contenido emitido no proviene únicamente de esta asociación. Marce Torres, abogada especializada en violencia de género, ha instado a que se denuncien estos casos ante las autoridades competentes. Torres enfatiza que los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de una sociedad libre de violencia y discriminación.
“En ‘La Casa de los Famosos’ se han observado diversas manifestaciones de violencia en los últimos días. Es fundamental que las autoridades regulen este tipo de contenidos, basándose en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especialmente en su artículo 34, que prohíbe la apología de la violencia,” declaró Torres.
La abogada también recordó que no es la primera vez que se exige la intervención de las autoridades en casos similares, citando el precedente de Yuridia, en el que tanto la Secretaría de Gobernación (SEGOB) como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ya se habían pronunciado.
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